Élites y luchas políticas en España hasta el golpe de Estado de 1936

Al contrario que otros países europeos occidentales, España vivió una decadencia económica a partir del siglo XVII, con pérdida de influencia geopolítica, que culminó en las pérdidas de las últimas colonias no africanas (Cuba, Puerto Rico, Guam y Filipinas) en 1898, en un visible atraso industrial y en conflictos políticos importantes en los siglos XIX y XX.

El desarrollo del Estado moderno ocurrió en Inglaterra y Francia mediante la expropiación del viejo orden estamental de la aristocracia y de la Iglesia (que fragmentaba el país con su multiplicidad de jurisdicciones) y concentrando el poder en una maquinaria burocrática que constituye lo esencial del “Estado Racional” según Weber (Moya, 1984: 16). Las guerras religiosas de los siglos XVI-XVII en cuyo contexto aparecen los nuevos Estados nacionales, rompen el internacionalismo de la Iglesia y la ideología del imperio católico, y ponen la religión al servicio de la legitimación del nuevo poder burgués, burocráticamente organizado, y que gobierna y organiza un mercado nacional desde una capital, ya sea en forma de monarquía constitucional o de república.

En los países europeos occidentales, tras las revoluciones inglesa y francesa, y la imitación de otros países de esos programas liberales, se produjo un proceso de secularización, industrialización, privatización, innovación técnica, reducción de la importancia de las familias y linajes, y racionalización de las burocracias administrativas y empresariales, durante todo el siglo XIX. En España estos procesos no se produjeron, pues no hubo una revolución burguesa. La falta de un estado burgués mínimamente racional fomentó la continua tendencia al cantonalismo federal de la España del XIX, y eventos como las guerras carlistas.

España tuvo siempre una geografía accidentada, desfavorable para la industrialización, pero pese a ello, Catalunya y el País Vasco consiguieron llevar a cabo su propia revolución industrial antes que el resto del país. Coinciden en las dos comunidades un reparto no latifundista de la tierra y un sistema sucesorio que no dispersa la propiedad a lo largo de las generaciones. Probablemente, ello permitió una pequeña acumulación de ahorro familiar que facilitó inversiones en la pequeña industria. Sin embargo, el desarrollo industrial de estas regiones fue lento, debido a la pobreza y bajo nivel adquisitivo de la inmensa mayoría de la población campesina española, que en 1900 era analfabeta en un 56%. Esta gran masa de campesinos, con tierra o sin ella, han vivido siempre al margen de la vida pública del país, salvo en breves momentos revolucionarios, en que pensaron que podrían tener alguna influencia sobre la política.

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Segadores del siglo XIX

Por otra parte, el movimiento obrero ha tendido históricamente, no a la superación del Estado nacional, sino a llevarlo a una culminación que integre a las clases no propietarias dentro de la participación política burocratizada. Esto es, ha tratado de llevar el republicanismo de las constituciones liberales burguesas a todos los miembros trabajadores de la sociedad. Sin embargo, la insuficiencia del Estado burgués en España, y la fuerte influencia de las clases del Antiguo Régimen en el mismo, ha impedido toda participación relevante en la política a grandes masas de población campesina y obrera a lo largo del siglo XIX y principios del XX. Esto puede haber influido en el éxito del anarquismo durante estos siglos en muchas regiones rurales de España y entre trabajadores sindicados.

Moya (1984: 22-23) cita a Vicens Vives cuando éste afirma que la nobleza perdió su influencia a lo largo del siglo XIX en los países altamente industrializados de Europa occidental y EEUU, pero que esto no ocurrió en España, donde la nobleza desapareció de los censos oficiales, pero no de su lugar predominante en la estructura social del país. La Restauración (1874-1931) fué para Carlos Moya el periodo en el que esta clase modernizó mínimamente el país pero conservando lo esencial de sus privilegios y de su acceso al gobierno. La nobleza incorpora en su seno las élites económicas, políticas y militares surgidas de la burguesía y las clases medias. Muchos de ellos son también grandes latifundistas surgidos de las desamortizaciones de tierras de la Iglesia; otros son grandes empresarios y financieros íntimamente ligados a los intereses estatales de tipo monopolístico-fiscal. Según Vicens Vives, el atractivo que ejercía la aristocracia sobre las otras clases altas españolas se pone de manifiesto en que la mayoría de los políticos y militares brillantes, y muchos capitalistas meritorios, eran ennoblecidos con títulos nobiliarios (duque, conde, marqués, o grande de España). Aunque alguno de ellos, como Manuel Girona, el prócer de la banca y de la industria catalana, rehusó la concesión del marquesado del Llano, brindado por su amigo Cánovas, porque a pesar de su conservadurismo monárquico ese título no casaba con su sentimiento burgués de la vida (Moya 1984: 23).

Restauracion

La escasa industria provocó una clase media muy poco numerosa. Sólo una pequeña fracción de las mismas eran pequeños burgueses, generalmente con una mentalidad más “modernizadora” y residentes en Cataluña y País Vasco; en su mayor parte, las clases medias estaban compuestas por militares, profesionales liberales, funcionarios públicos y clero (Flaquer et al. 1990).

El divorcio entre el pueblo y una clase dirigente terrateniente, financiera y comercial, era total, lo cual aumentó la importancia del Ejército y la Iglesia como actores políticos.

Según Villacañas (2014), el espíritu mayoritario en toda Europa a principios del siglo XIX era “cómo lograr las ventajas de la Revolución francesa sin revolución”. España era en esa época claramente una nación política (o existencial) pero carecía de un poder constituyente fuerte. No había un bloque hegemónico capaz de imponer proyectos integradores, percibibles por la mayoría como de interés general. En lugar de una hegemonía, en España se vivó una división política continua entre una sociedad civil creciente y los estratos más arcaicos y privilegiados de la sociedad estamental, y esa polarización tendió a extremarse a lo largo del siglo XIX y principios del XX.

La historia de la modernización político-económica de España es muy ilustrativa, pues el modelo liberal es impuesto no por los intereses inmediatos de las clases económicas o político-militares dominantes (que podían satisfacerse sin necesidad del liberalismo), sino por un deseo voluntarista y minoritario de imitar el éxito nacional de otros países europeos. La constitución de las Cortes de Cadiz dispara la paradoja que preside el siglo XIX español: un modelo liberal para una sociedad sin clase nacional burguesa.

Hasta finales del siglo XIX, y tras la pédida de su imperio, la economía española seguirá siendo predominantemente rural. Esta será una de las causas de la gran debilidad burocrático-fiscal del estado de la restauración, en comparación con otros países europeos que construyeron imperios comerciales e industriales. Las únicas clases con intereses no sólo regional y cantonalista seran en España, la aristocracia militar-eclesial y la aristocracia tradicional heredada del Antiguo Régimen, ahora convertida en gran clase terrateniente propietaria de gran parte de las tierras interiores del país. A éstas se incorporan unos pocos capitalistas financieros e industriales. A cambio de la financiación de la Hacienda, las élites económicas gozarán de un sistema de privilegios cuasiestamental. Esta clase mixta llamada por Moya “aristocracia financiera” (C. Moya, 1984), asumirá el protagonismo político-económico en España hasta finales del franquismo. En 1929 por ejemplo, de los 19 consejeros del Banco de España, diez tienen títulos aristocráticos.

Ello conduce en españa, no a un estado nacional capitalista controlado políticamente por el parlamento y económicamente por la burguesía, sino a una oligarquía político-económica con ventajas en esa especie de corte que es la capital, que ejerce el caciquismo en sus regiones de origen, y que son recompensadas con derechos monopólicos por el Estado a cambio de su financiación y de su colaboración con el mismo. La debilidad político-administrativa de ese Estado, con su incapacidad tanto para una racionalización burocrática y fiscal como para una auténtica democracia, se compensaba con una parcial apropiación privada del poder político, económico, militar y administrativo a escala nacional, en términos oligárquico-estamentales.

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María Cristina jura la Constitución en 1876

La Guerra de la Independencia llevó a una fuerte crisis fiscal a la monarquía borbónica, que sólo se podía resolver o extendiendo la presión fiscal a los nobles y a la iglesia o aumentando la actividad económica. Lo primero no se pudo hacer de ninguna manera; lo segundo implicaba mejorar la productividad de la tierra, lo cual exigía eliminar el mayorazgo (que mantenía el latifundismo entre la nobleza), mejorar las tierras propiedad de la Iglesia, disminuir los baldíos y aprovechar mejor las tierras comunales. En efecto, la producción de trigo en España era de unos 5-8 hectolitros por hectárea, mientras que en Escocia alcanzaba 31 (26 en Inglaterra y 15 en Francia). Los sectores más progresistas del régimen empezaron a ver que mejorar la productividad exigía un cambio de propiedad. Los grandes latifundistas compensaban su baja productividad con la enorme extensión de tierras poseídas, que les garantizaba un estilo de vida aristocrático. Una revolución agraria era considerada razonable por los burgueses arruinados, los administradores y burócratas, los soldados que veían comprometidas sus pagas, por los nobles más liberales y, por supuesto, por la mayoría de pequeños campesinos y obreros agrícolas. Por ello, revolución y Estado pasaron a ser conceptos sinónimos, y la constitución de las Cortes de Cádiz (1812) sancionó esa idea. Sin embargo, la constitución de 1812, con su orientación exclusivamente liberal, quitaba a los campesinos la propiedad jurisdiccional de las tierras que les permitía hacer un uso usufructuario de las mismas, sin perjuicio de los impuestos que tenían que pagar al noble. Por esta razón, era contraria a los intereses de los pequeños campesinos, que acabaron apoyando a Fernando VII (entre 1814 y 1820) y posteriormente a su hermano Carlos, pues representaban la opción antiliberal.

Durante el trienio constitucional (1820-1823) los liberales se dividieron en moderados y exaltados. Los primeros tendían a pactar con los grupos tradicionalistas, porque creían que sólo una revolución de tono bajo, que no afectara al principio monárquico, sería permitida por las potencias de la Santa Alianza (Austria, Prusia y Rusia), vencedoras de la guerra contra Napoleón. Finalmente, esa moderación sólo mostró su debilidad, pues el absolutismo fue restaurado en 1823 (de nuevo Fernando VII) con la ayuda de la Santa Alianza. Cuando los 100.000 hijos de San Luis invadieron España, los campesinos no se aliaron con el gobierno liberal para defenderlo. Como dice Fontana (2019), “quien mejor supo comprender las debilidades del liberalismo español fue un alemán (M. B. Capefigue) que vivió su hundimiento:

La revolución de España se había llevado a cabo sin la participación de la masa del pueblo. La primera preocupación de los hombres de estado que se habían situado a la cabeza del movimiento constitucional había sido la de evitar e impedir todo aquello que pudiera excitar con demasiado ardor las pasiones de la multitud. Estas pasiones, no obstante, y la energía general que podían generar, habrían podido por sí solas defender a España de las bayonetas extranjeras. Sin embargo, el gobierno no se atrevió a utilizar una palanca tan terrible, porque sabía a qué precio se paga con frecuencia esta clase de ayuda, y desde aquel mismo momento estuvo perdido.”

En efecto, el precio al que las élites propietarias y gubernamentales pagaron esa ayuda en la Revolución Francesa fue, por ejemplo, el de una revolución agraria que garantizó la propiedad de la tierra a decenas de miles de campesinos, una mayor participación de las demandas económicas y políticas de las clases bajas en las leyes, y un empoderamiento general de estas clases. Los gobiernos liberales de España temían tanto al poder de los terratenientes conservadores como a las potenciales demandas de los campesinos sin tierras, por lo que ese precio nunca se atrevieron a pagarlo. La debilidad crónica de la clase burguesa la obligó en lo sucesivo a conformarse con fomentar una revolución pasiva liderada por liberales moderados, absolutistas reformistas y militares liberales (Villacañas 2014).

La desamortización (de estilo liberal) de las tierras “en manos muertas” comenzó en el trienio liberal y continuó con la desamortización de Mendizábal de 1836-1837. Éste incautó las tierras de todos los monasterios que tuvieran menos de 12 personas, dividió las tierras en lotes y los subastó. Pero las comisiones municipales, controladas por gente adinerada, manipuló los lotes agrupándolos, de modo que sólo pudieran pujar gente adinerada como ellos. El resultado fue contrario al buscado: una concentración aún mayor de las grandes parcelas y latifundios en manos de grandes propietarios, sobre todo en el sur de España, y una situación similar a la anterior (de moderada concentración) en el norte. La tercera fase de la desamortización la llevó a cabo Madoz entre 1854 y 1856. La superficie de tierra afectada fue mayor que en la de Mendizábal, e incluyó por primera vez hasta un 50% de tierras comunales de los municipios. En esta «desamortización de Madoz», enormes extensiones de bosques de titularidad pública fueron privatizadas. Los oligarcas que entonces compraron las tierras, en su mayor parte, pagaron las tierras haciendo carbón vegetal el bosque mediterráneo adquirido, con gran empobrecimiento de los ecosistemas. Una buena parte de la deforestación ibérica actual se originó en esa época, y los costes que han tenido los intentos de reforestación desde entonces han sido mayores que las ganancias públicas que se obtuvieron en un primer momento. Además, la expropiación y privatización de tierras comunales significó la destrucción de sistemas de vida y organizaciones populares de autogestión centenarias, y una pérdida de capacidad de subsistencia del pequeño campesino, que en gran parte se proletarizó.

Cuando estalló en París la revolución de febrero de 1848, los liberales se escindieron entre los que apostaron por la vía conspirativa e insurreccional y los que se seguían inclinando por las vías negociadoras. Los moderados hicieron lo mismo entre los que apoyaban una dictadura militar y los que buscaban contemporizar con los liberales pactistas. Es entonces cuando Donoso Cortés hace público su pensamiento político, que influyó enormemente en el conservadurismo español desde entonces hasta el final del régimen franquista. Su tesis era que la sociedad es un bien supremo, cuya antítesis es la revolución, que puede considerarse el supremo mal. Donoso afirmaba que en la realidad europea había un “estado de excepción” y que en esas circunstancias la legalidad no basta: “cuando la legalidad basta para salvar la sociedad, la legalidad; cuando no basta, la dictadura”. Ésta constituye una forma legítima de gobierno, que es la más racional en situaciones en que el mal se concentra en contra de la sociedad. Cuando el mal estaba disperso, podía gobernarse desde las instituciones y las leyes; pero la revolución era el mal concentrado, y sólo podía ser vencida desde un bien concentrado, que es la dictadura (Villacañas 2014).

Como afirma Villacañas: “Donoso no reclamaba la dictadura para ejercerla. Es conocida su falta de ambición política directa. Se presentaba como un humilde ciudadano que, para defender la sociedad, reclamaba poderes especiales (…) para quedar exonerado de ejercer la violencia. Donoso quería irse a la tumba sin dañar a un hombre. La dictadura lo haría por él, pero él no sería responsable (…) Los hombres de bien merecían ser defendidos por un dictador para así salvar su alma, porque no pueden ser dejados indefensos ante la revolución (…) El origen de la revolución era el mal, el mismo que había animado a Luzbel contra su Dios. Su origen estaba en los que tenían suficiente poder, no en los pueblos de gentes sencillas. En el poder de los tribunos, en el de los partidos, en el de los ideólogos que animaban a todos los demás a ser como dioses. La revolución no procedía de los pobres de espíritu. La obligación del gobernante era brindarle a éstos su protección paternal” (Villacañas 2014: 454).

Con una sorprendente capacidad profética, Donoso anunció que la época de la libertad se estaba acabando, que los liberales no se enteraban del rumbo que estaba tomando la civilización y el mundo, que se preparaba una lucha terrible entre Europa y Rusia; aseguró que el mundo caminaba hacia el despotismo más desolador que habían conocido los hombres. Una vez activada la ideología comunista, opinaba Donoso, el dilema dejaría de ser entre libertad y dictadura. En el futuro, la elección estaría entre la dictadura revolucionaria y la dictadura del gobierno. Puestos a elegir entre dos dictaduras, la “dictadura de la navaja” y la “dictadura del sable”, Donoso elegía a esta última, porque era “más noble”, “serena” y “saludable”.

Donoso Cortés tuvo una enorme influencia en el conservadurismo español, y hasta en tiempos de Franco, muchos intelectuales del franquismo afirmaron que sus profecías se habían cumplido con la lucha de la España de Franco contra los “rojos” apoyados por Rusia.

Hay en todo el liberalismo español del siglo XIX un intento (visible en Cánovas o en Donoso, entre otros) de construir una constitución liberal que defina a la nación exclusivamente como las clases sociales (propietarias) defensoras del orden, que son las únicas capaces de contener, si hace falta junto al rey o a la dictadura, a esa otra pseudo-nación (o casi-nación) constituida por el campesinado carlista y las clases urbanas democráticas y revolucionarias. Para la mayoría de los liberales que apoyaron la constitución canovista de 1876, el sufragio universal no era un derecho natural, y la democracia no era la aspiración de la constitución, sino defender todas las políticas que garanticen un gobierno ordenado, lo cual excluía la soberanía democrática (Villacañas, 2014: 484). Pero este miedo a la democracia, apoyado por las fuerzas conservadoras, aisló a la mayoría de la población de las discusiones que los representantes de las élites (y de la creciente burguesía) entablaban en el parlamento, y alimentan un creciente fatalismo en la población de finales del XIX.

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Viajeros en el tranvía de San Sebastián en 1888.

En las últimas décadas del siglo XIX se abre una nueva etapa con el proceso de industrialización, que se prolongará durante el primer tercio del siglo XX. Las élites optan por un proteccionismo económico análogo al de otras naciones europeas. El desarrollo industrial se ve estimulado por tres factores:

  • La entrada de capitales procedentes de la repatriación coloniales y remesas de emigrantes, que habían tenido su desenlace final en 1898, lo que permitió cubrir el descubierto de la balanza de pagos.
  • Las exportaciones de mineral de hierro del País Vasco, que durante las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX supusieron la fuente de financiación esencial de la industria y el capitalismo vasco.
  • La Primera Guerra Mundial, que permitió a Cataluña, País Vasco, Región mediterránea y en menor medida al resto de España, convertirse en exportadores hacia los países beligerantes. La extraordinaria acumulación de capital permitió una política efectiva de “nacionalización” por parte de la naciente burguesía española, que reconquistaría el control de las principales actividades económicas que se encontraban en manos de sociedades e inversionistas extranjeros. De la misma manera la deuda pública existente se desplazó casi en su totalidad a manos internas. El proceso continuó después de la Primera Guerra Mundial.

 

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Instalaciones de la Fábrica de La Felguera (Asturias) en la década de 1920

La economía resultante durante la primera mitad del siglo XX consistía en una zona agraria interior dedicada al cultivo extensivo con bajos rendimientos, que subsistía gracias a una rígida protección y reserva del mercado interno, destinándose la totalidad de sus productos al consumo interno del país. Por otro lado, se generó una zona periférica industrial, que producía fundamentalmente para el mercado nacional, puesto que los costes con los que funcionaba y su productividad le impedían competir en el mercado exterior. Por último, la zona mediterránea de producción más eficiente vendía parte de sus productos al exterior y aportaba las reservas exteriores necesarias para adquirir las importaciones que permitían el funcionamiento de las industrias más protegidas.

Unido a este desarrollo económico, se asiste a los primeros intentos ideológicos de reactivación política más allá del liberalismo cerrado de la Restauración. Ramiro de Maeztu (1875-1936) propuso la necesidad de otra España. Sintió “entusiasmo por la simbología mística de la fábrica, de la fundición, de la industria, de la masa” (Villacañas, 2014) y se distanció del fatalismo y del cristianismo pasivo de Unamuno para afirmar la necesidad de un capitalismo hispano que mirara hacia Alemania.

Durante el primer tercio del siglo, se reduce a la mitad la tasa de analfabetismo y se  duplica el coeficiente de inversión. Los intelectuales herederos de Maeztu asisten a los acontecimientos bélicos de 1914 con la sensación de que hay que pasar a la acción. Todos toman partido por los aliados, dejando solo al rey en sus simpatías por los prusianos. “Ortega y Gasset reclamó un nuevo liberalismo revolucionario; Manuel Azaña decantó el reformismo hacia el republicanismo; Luis Araquistain comenzó a tomar en serio la posibilidad de un socialismo de masas, y todos juntos, en la revista España, comenzaron a forjar el núcleo de lo que luego sería la intelectualidad republicana (…) La tarea de la literatura del 98 había servido para anular cualquier intento de propaganda oficial para ofrecer una imagen positiva del régimen. La escisión entre el sistema de partidos y la realidad de la sociedad se consumó (…) Cuando acabó la contienda, la contracción de las exportaciones sorprendió a un país que había aumentado su capacidad industrial y sus masas obreras, cuya conciencia reivindicativa y también revolucionaria , no hacía sino crecer. Puesto que la Restauración no había sabido pasar a un régimen de partidos de masas, sino de notables, estos movimientos sociales no pudieron ser canalizados a través de las instituciones” (Villacañas, 2014: 495-496). Mientras tanto, el campo de la cultura y de la intelectualidad se había alejado de la clase política de la Restauración.

Pistolerismo

Para frenar las crecientes reivindicaciones obreras, los empresarios empezaron a contratar pistoleros y matones para matar a destacados sindicalistas y trabajadores. Los trabajadores respondían a su vez con la formación y contratación de hombres armados. En total se estima que esta práctica supuso la muerte de unos 200 obreros y de 20 hombres armados contratados por empresarios. El pistolerismo empresarial contaba con la protección del gobierno, y como consecuencia del mismo fueron asesinados destacados cenetistas como Pau Sabater, Evelio Boal o Salvador Seguí y abogados como Francesc Layret. Por su parte, los anarquistas mataron a personalidades como Manuel Bravo Portillo, Francisco Maestre o Eduardo Dato.

“La dictadura con rey” de Miguel Primo de Rivera fue un intento de revolución desde arriba, conducida por el rey Alfonso XIII y los militares, contra el creciente pistolerismo, las reclamaciones obreras, y en pro de “la salvación de España de los profesionales de la política”, para dar paso a un gobierno tecnocrático. El proyecto de Constitución de la Asamblea Nacional de Primo de Rivera apostaba por el corporativismo, y la limitación del parlamento a tareas legislativas y fiscalizadoras, pero sin capacidad de detener la capacidad ejecutiva del gabinete.

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Alfonso XIII y el dictador Miguel Primo de Rivera

Sólo tres años después (1930), se firmaba el Pacto de San Sebastián, en la que distintas fuerzas republicanas proclamaron que la nación no podía dirigirse desde arriba, ni un Rey podía representar a un Estado moderno, y acordaron una estrategia para poner fin a la monarquía de Alfonso XIII y proclamar la Segunda República Española. Se ofrecía a las regiones la posibilidad de organizarse con sus propios estatutos. Al pacto se sumaron meses después el PSOE y la UGT, con el propósito de organizar una huelga general que fuera acompañada de una insurrección militar que metiera a “la Monarquía en los archivos de la Historia”. Pero la sublevación fracasó por descoordinación, debida a que las intenciones de los capitanes de Jaca fueron descubiertas y éstos tuvieron que sublevarse tres días antes de lo previsto por el Comité revolucionario y por las organizaciones obreras. A pesar del fracaso, la presión social y política obligó al general Berenguer (nombrado por Alfonso XIII como presidente del gobierno tras la dimisión de Primo de Rivera) a restablecer la vigencia del artículo 13 de la Constitución de 1876 (que reconocía las libertades de expresión, reunión y asociación) y convocar de nuevo elecciones generales para el 1 de marzo de 1931.

En febrero de 1931, el rey Alfonso XIII ponía fin a la “dictablanda” del general Berenguer y nombraba nuevo presidente al almirante Juan Bautista Aznar, en cuyo gobierno entraron viejos líderes de los partidos liberal y conservador. El gobierno propuso un nuevo calendario electoral: se celebrarían primero elecciones municipales el 12 de abril, y después elecciones a Cortes que tendrían “el carácter de Constituyentes“, por lo que podrían proceder a la “revisión de las facultades de los Poderes del Estado y la precisa delimitación del área de cada uno” (es decir, reducir las prerrogativas de la Corona) y a “una adecuada solución al problema de Cataluña“.

Todo el mundo entendió las elecciones municipales del 12 de abril como un plebiscito sobre la Monarquía, por lo que cuando se supo que las candidaturas republicano-socialistas habían ganado en 41 de las 50 capitales, y en Madrid y Barcelona de forma abrumadora, el Comité Revolucionario hizo público un comunicado afirmando que el resultado de las elecciones había sido “desfavorable a la Monarquía [y] favorable a la República” y anunció su propósito de “actuar con energía y presteza a fin de dar inmediata efectividad a [los] afanes [de esa España, mayoritaria, anhelante y juvenil] implantando la República“. El martes 14 de abril se proclamó la República desde los balcones ocupados por los nuevos concejales y el rey Alfonso XIII se vio obligado a abandonar el país. Ese mismo día el Comité Revolucionario se convirtió en el Primer Gobierno Provisional de la Segunda República Española.  La primera vuelta de las elecciones generales de 1931, para formar unas Cortes Constituyentes, se celebró el 28 de junio de 1931. La conjunción republicano-socialista, que apoyaba al gobierno provisional, obtuvo el 90% de los escaños en disputa, debido a que la derecha se presentó muy dividida.

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Proclamación de la Segunda República en la plaza de San Jaime de Barcelona, el 14 de abril de 1931.

La presión del triunfante partido socialista, impulsó un proyecto de constitución “liberal, pero con gran contenido social”. Sin embargo, una serie de artículos que limitaban la libertad de acción de la Iglesia, indispuso a la nación católica con la nueva nación republicana. El ser una constitución de izquierdas y con artículos anti-clericales, la hizo intragable para la derecha; mientras que la moderación de la política reformista del gobierno la hizo decepcionante para las bases de izquierda. La Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT), relacionada con el PSOE, quería por ejemplo que el gobierno impulsara repartos revolucionarios de tierras y nacionalizaciones.

Excluidas del proceso constituyente, las clases acomodadas se volvieron hostiles a la república y boicotearon leyes como la de reforma agraria en la práctica. La frustración de las bases socialistas hizo engrosar las fuerzas de los sindicatos anarquistas y comunistas. El socialista Largo Caballero empezó a darse cuenta de que su vieja política de “arrancar gradualmente y por medios legítimos” los privilegios a los patronos estaba dejando de funcionar. Su camarada Julián Besteiro, desde la presidencia de las Cortes, se rafirmaba en su tesis de que la revolución burguesa debían hacerla los burgueses, con la abstención de los obreros. Indalecio Prieto, por su parte, que apoyaba a Azaña, pensaba que había que conseguir primero un régimen burgués sólido antes de avanzar hacia el socialismo. Estas posturas socialistas iban quedadndo poco a poco en minoría frente a la de Largo Caballero, que fue radicalizando su retórica para contener la fuga de su militancia hacia la CNT y los comunistas, a la vez que apoyaba el reformismo del gobierno de Azaña (Villacañas, 2014: 528).

El reagrupamiento de las fuerzas conservadoras fue liderado por Gil-Robles, fundador de la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), un carlismo reformado con elementos conservadores del liberalismo: “religión, patria, orden, familia y propiedad”. Su enemigo, el socialismo, era según Gil-Robles, la última forma judaizante de mirar el mundo, y era necesario sacarlo del gobierno para destruir a la república, como había ocurrido en Alemania. Era una unión heterogénea de demócratas de derechas como Giménez Fernández, y hombres de extrema derecha que buscaban instaurar en España un fascismo similar al de Mussolini, como Serrano Suñer, Finat, Valiente, F. Ladreda y muchos más.

Era una evidencia para todos los actores políticos que Gil-Robles estaba siguiendo la estrategia nazi de emplear los medios democráticos para destruir el régimen republicano. La izquierda socialista (Largo Caballero) y el centro (Prieto) llegaron a un entendimiento pragmático: la preparación de un movimiento revolucionario si la CEDA llegaba a acceder al poder.

La derecha llegó unida y la izquierda desunida a las elecciones de 1933.  Las iniciativas anticlericales promovidas por el gobierno favorecieron que muchas mujeres (que por primera vez votaban) favorecieran a la CEDA en zonas rurales católicas. También el abstencionismo que promovieron los anarquistas mermó el voto a las izquierdas. La cruel masacre de los anarquistas sublevados en Casas Viejas había también diluido el apoyo social del gobierno.

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Fotografía de horas después de finalizar la represión de Casas Viejas

El nuevo gobierno de derechas paralizó la ley de reforma agraria, provocando una huelga general de campesinos. La ley de amnistía devolvió al servicio a militares que habían sido condenados por golpismo. Cuando en octubre de 1934 el gobierno de Lerroux discutía cuántos ministros de la CEDA entrarían en el gobierno, la izquierda convocó una huelga general que fue total en las ciudades pero casi nula en el campo, desgastado por la huelga previa de junio. En Asturias, esta huelga se convirtió en una verdadera revolución. Los obreros asturianos atacaron todos los cuartelillos de la Guardia Civil de la zona minera y se apoderaron de 40 de ellos. El 6 de octubre un poder obrero se instaló en toda la zona minera, los obreros lucharon en Gijón y Avilés, empezaron a penetrar en Oviedo a través de las barriadas populares, y por la tarde se apoderaron del ayuntamiento. En Vega del Rey se estableció un frente estable entre los obreros y las columnas militares enviadas por el gobierno, que duró dos semanas. De 27.600 obreros que había en Asturias, 20.000 lucharon con las armas en la mano. Mientras tanto, los comités obreros organizaban  en Mieres y otros sitios el abastecimiento de las unidades en lucha, los servicios sanitarios, el reclutamiento de nuevos combatientes, pero también la actividad cotidiana en las ciudades: servicios públicos, conservación y cuidado de la infraestructura productiva, ferrocarriles y transporte, energía eléctrica a través de la central de Hulleras de Turón, la radio de Mieres, el comercio y los abastecimientos a la población no combatiente, etc. Como afirman Malerbe et al. (1987), aquello no era un motín, sino una revolución.

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Revolución de Asturias, octubre de 1934.

Según Malerbe et al. (1987), tal revolución fracasó al quedar aislada, dado que las milicias de izquierda no pudieron extenderla a Madrid y otras ciudades. En particular, las milicias socialistas, mandadas por el capitán Condés, habían fracasado en su intento de controlar el Ministerio de la Gobernación, en Madrid, así como el Parque Móvil, la central telefónica de Hermosilla, el depósito de máquinas de las Peñuelas, Correos, la dirección de Seguridad, así como en su enfrentamiento con los guardias de Asalto, aunque hubo barricadas en barrios populares madrileños y encuentros armados en Tetuán y otros lugares durante varios días. Mientras, Lerroux recibía el apoyo de toda la derecha y de los falangistas. Carrillo, Largo Caballero y otros muchos izquierdistas fueron detenidos.

Simultáneamente, la huelga general en Cataluña desembocó en la proclamación por Companys de “el Estado Catalán de la República Federal Española”, quien invitó a que se estableciese en Cataluña un gobierno provisional de la república contrario a las “fuerzas monarquizantes y fascistas”. El ejército del gobierno de Lerroux atacó la Generalitat. La infantería y la Guardia Civil fueron rechazadas por los Mossos de Escuadra, pero tras la intervención de la artillería, Companys se rindió.

La opinión pública, sin embargo, se opuso a las ejecuciones masivas tras la derrota de la revolución asturiana y la sublevación catalana. Lerroux tuvo que acceder a indultar a figuras relevantes como el militar catalán Pérez Farrás y otros. Esto llevó a Gil Robles a consultar con los generales Goded y Fanjul la posibilidad de dar un golpe de estado, pero estos consideraron que la situación no estaba madura (debido a la alta movilización obrera). El gobierno se conformó con colocar a diplomáticos y funcionarios contrarios al régimen republicano en puestos de poder, ascender a militares de confianza, como Franco, coordinar los servicios de información de la policía española con la Gestapo alemana, suspender la autonomía de Cataluña, suprimir la jornada de 44 horas de metalúrgicos y otros oficios, favorecer a los propietarios y tratar de acercarse al papado, que apostaba no por la derecha católica en el gobierno, sino por la extrema derecha conspiradora. La derecha se dividió en el sector más “legalista” de Gil Robles y el recien creado Bloque Nacional de Calvo Sotelo, que no quería ninguna componenda con la democracia. La actitud de la Juventud de Acción Popular (ligada a la CEDA) era afín a la de Calvo Sotelo: “hay que exterminar el marxismo si no se quiere que el marxismo destruya a España”. El tradicionalista Fal Conde, ante sus requetés, decía el 3 de noviembre: “si la revolución quiere llevarnos a la guerra, habrá guerra”. Mientras, los falangistas apoyaban las palabras de Jose Antonio Primo de Rivera (el hijo priimogénito del ex-dictador): “Nuestro deber es ir, por consiguiente, y con todas sus consecuencias, a la guerra civil”.

En un clima de creciente polarización, Largo Caballero pactó con el PCE la creación de un Frente Popular para las elecciones del 16 de febrero, en el que consiguieron integrar a los republicanos centristas, aunque con reticencias de éstos. En esta ocasión, la CNT dejó libertad de voto y Durruti y otros cenetistas recomendaron votar. La participación fue del 72%, 4.654.116 por el Frente Popular, 4.503.524 por las derechas (aunque de este número, 2.636.524 correspondían a candidaturas mixtas de derecha y centro, que no eran golpistas), 400.901 por el centro, y 125.714 por los nacionalistas vascos. El Frente Popular triunfó claramente en las ciudades y en las zonas industriales y de latifundio de Andalucía y Badajoz, mientras que la derecha triunfaba en la mayoría de Castilla la Vieja y en la Castilla la Nueva no latifundista (esto es, la que excluía a Toledo, Ciudad Real, etc.).

Tras el desengaño electoral, la extrema derecha y muchos generales se reúnen para preparar un “alzamiento militar”, vía que el sector derechista de la CEDA ve con creciente simpatía (Serrano Suñer, Fernández Ladreda, el Conde de Mayalde, Valiente, R. Jurado, etc.). La Junta Suprema Militar Carlista se prepara también para un alzamiento, y el falangista Jose Antonio se reúne con Franco en la primera quincena de marzo, en casa de Serrano Suñer, con el mismo fin. Ese mismo mes, la falange pasó a la acción terrorista, atentando contra el profesor Jiménez de Asúa y asesinando al policía que lo escoltaba (Malerbe et al. 1987).

Ante el éxito del Frente Popular, más de 60.000 trabajadores del campo ocuparon unas 3.000 fincas en la provincia de Badajoz, bajo inspiración de la FNTT. En las semanas sucesivas otros millares de campesinos ocuparon tierras y organizaron su explotación en Jaén, Sevilla, Córdoba, Toledo, Madrid, Salamanca y Cáceres. Superados por los acontecimientos, el ministro de agricultura se ve obligado a presentar un proyecto de ley para devolver a los municipios las tierras comunales que les habían sido expropiadas en la desamortización de 1855. De febrero a julio fueron expropiadas 537.475 hectáreas y distribuidas entre 108.000 familias campesinas. Era una transferencia de propiedad limitada, pues los latifundios mayores de 500 hectáreas sumaban 7,5 millones de hectáreas, pero la alta burguesía agraria lo consideró un precedente peligroso para sus intereses.

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Segadores poco antes de la Guerra Civil

La CNT demanda mientras un alza general de salarios, una semana laboral de 36 horas, y la expropiación sin indemnización de toda finca mayor de 50 hectáreas. Estas reivindicaciones alimentaron el aumento de las huelgas en Madrid y otras ciudades.

Mientras, los conspiradores habían reanudado sus viejas relaciones con el gobierno de Mussolini, y los generales Franco y Mola se mostraban activos en la preparación del golpe. No todos los grandes terratenientes, financieros y monopolistas querían la guerra, pero la querían sus élites decisivas, sobre todo en la alta burguesía agraria. También dentro del aparato de estado había funcionarios del viejo régimen que no podían aceptar la convivencia con el nuevo; es el caso de importantes sectores del ejército que se sublevará, de bastantes miembros de la policía, y de algunos diplomáticos y magistrados. Y estos grupos buscarán el apoyo de capas intermedias, de la pequeña burguesía provinciana y del campesinado pobre pero católico.

Gil Robles reconoció posteriormente que en la primavera de 1936 no existía ningún complot comunista, ni nada similar, en connivencia con el gobierno, sino que el verdadero problema era la revolución agraria, que “llevó el desorden y la anarquía a una gran parte del campo”. Como subrayan Malerbe et al. (1987), no se iba a ninguna revolución proletaria, pero “se iba al cambio de las relaciones de producción en la España agraria; a una mayor presencia de los sindicatos en la producción industrial”. O, como Sevilla-Guzmán explica: “La República burguesa, estaba tornándose por primera vez en una auténtica República de trabajadores. El pronunciamiento militar del 17 de julio evitó que ello llegase a realizarse” (Malerbe et al., 1987: 224).

Para la fracción más intransigente de los grandes propietarios agrarios y de los financieros, no podía haber ya contemporización, y la hipostatización ideológica que confundía la salvación de la patria con el interés de las clases poderosas, se puso en marcha.

El 12 de julio a primeras horas de la noche, cuando el teniente de Asalto José del Castillo salía de su casa en la calle de Hortaleza, era asesinado por unos pistoleros, al parecer de Falange. “La réplica fue inmediata; del cuartel de Pontejos salió un grupo de guardias de Asalto, acompañados por el capitán de la Guardia Civil, Fernando Condés, y por el socialista Victoriano Cuenca; van a casa de Calvo Sotelo, y Condés le dice que lo llevan a la Dirección General de Seguridad. Pero cuando el coche se pone en marcha, Calvo Sotelo es abatido de un pistoletazo, al parecer tirado por Cuenca; sin saber qué hacer, depositan el cadáver en el cementerio”. Este asesinato, precipitó el golpe de estado de los conspiradores, que se levantaron contra el gobierno el 17 de julio y comenzaron la Guerra Civil.

 

Referencias

Flaquer, Lluis; Giner, Salvador; Moreno, Luis (1990). “La Sociedad Española en la Encrucijada”, en Salvador Giner (Coordinador): Sociedad y Política. Madrid, Espasa Calpe.

Fontana, Josep (2019). Capitalismo y democracia 1756-1848. Barcelona, Crítica.

Malerbe P., Tuñón de Lara M., García-Nieto M. Carmen, Mainer Baqué J.-C. (1987). “La Crisis del Estado: Dictadura, República, Guerra (1923-1939)”. En: Tuñón de Lara (coord.): Historia de España,Vol. 9. Barcelona, Labor.

Moya, Carlos (1984). Señas de Leviatán. Estado nacional y sociedad industrial: España 1936-1980. Madrid, Alianza Editorial.

Villacañas, Jose Luis (2014). Historia del poder político en España. Barcelona, RBA Libros.

Un comentario sobre “Élites y luchas políticas en España hasta el golpe de Estado de 1936

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