La Transición Democrática controlada en España

Tras la II Guerra Mundial y en plena Guerra Fría, el Departamento de Estado norteamericano (equivalente del Ministerio de Asuntos Exteriores en otros países) desarrolló una amplia actividad para asegurar el mantenimiento de los países capitalistas occidentales bajo la órbita norteamericana y evitar en ellos el ascenso político de organizaciones (principalmente las comunistas) que pudieran suponer un peligro para dicha política de control. La Operación Gladio fue una de las muchas operaciones organizadas por la CIA (en este caso con la colaboración del Servicio Secreto británico MI6) dentro de este marco geo-estratégico. Tenía como objetivo prepararse ante una eventual invasión soviética de la Europa occidental.

La red Gladio estaba compuesta de fuerzas armadas paramilitares secretas de élite, dispuestas en todos los países capitalistas europeos. La red llegó a emplear estrategias de guerra sucia, tales como la infiltración, y las operaciones terroristas de bandera falsa (como en la estación de Bolonia, en Italia) para destruir la imagen pública de partidos políticos (al señalarlos falsamente como los autores del ataque) no colaboradores con los Estados Unidos (nacionalistas y comunistas), y así evitar su ascenso por las urnas. La red Gladio aceptaba solamente a «gente segura», es decir, militantes nacional-socialistas alejados del conservadurismo moderado y de la izquierda, por lo que muchos nazis tras la Segunda Guerra Mundial fueron reclutados por la red; a cambio, se libraban de juicios de guerra y en muchos casos mantenían un alto nivel de vida.

La red Gladio estuvo especialmente activa en Italia. Un caso mediático fue la implicación de Licio Gelli, jefe de la logia Propaganda Due (P2), Stefano Delle Chiaie también involucrado en la Operación Cóndor, o Vincenzo Vinciguerra en la «estrategia de la tensión» en Italia. También en Italia, las masacres de Peteano (1972), de la Piazza Fontana (1969), de la estación de trenes de Bolonia (1980) y el fallido Golpe Borghese de (1970) fueron obra de Gladio. El asesinato del Primer Ministro Aldo Moro, llevado a cabo por las Brigadas Rojas en 1978, también se ha vinculado a la oposición de Gladio a su política de compromiso histórico (un intento del PCI de llegar al poder en alianza con el ala izquierda la Democracia Cristiana). La investigación se tiñó de sospecha por la estrategia ocultista del Estado. Un informe parlamentario del 2000 hecho por El Olivo concluía que la estrategia de la tensión tenía como objetivo impedir al PCI, y en menor medida al PSI, acceder al poder ejecutivo.

Dentro de la red Gladio aparece implicada una larga lista de nombres de políticos, del ala derecha de los democristianos y también socialdemócratas. «Desde el expresidente de la República Francesco Cossiga a Giulio Andreotti, además de militares y altos miembros de los servicios secretos. Varios de ellos llegan a ser procesados por actividades terroristas, como los generales De Lorenzo y Miceli. Además, se descubrieron conexiones de la red con el Vaticano y con la mafia. Michele Sindona, presidente de la Banca Privada, considerado próximo a los ambientes de la mafia italoamericana, es quien pone a las autoridades sobre la pista de la conexión vaticana, al acusar al arzobispo Marcinkus, presidente del Instituto para las Obras de la Religión, la banca vaticana, y a Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano y miembro de la logia masónica P-2, de haberse involucrado con él en diversas operaciones consideradas de alto riesgo. A través de varias sociedades interpuestas, Calvi y el «banquero de Dios» operan juntos y destinan dinero a operaciones ocultas, pagando sobornos, moviendo dinero negro procedente de la evasión fiscal o lavando dinero de la mafia y otras organizaciones criminales. Con la muerte de Pablo VI y la elección de Juan Pablo I, en 1979, la suerte de Marcinkus parecía agotada. Pero Juan Pablo I muere repentinamente (en todas las teorías sobre su supuesto asesinato aparece Marcinkus) y le sucede Juan Pablo II, un viejo amigo del «banquero de Dios», que no olvida sus aportaciones durante los años setenta al sindicato polaco Solidaridad.

Durante veinte años, Italia padece un terrorismo en gran escala dirigido por la CIA y los mandos de la OTAN. Los propios acusados en los procesos contra la red Gladio lo han explicado: Gladio sirvía para evitar que el Partido Comunista llegara al poder en unas elecciones. Lo reconocen también el general Vito Micelli, exjefe de los servicios secretos italianos, o el propio William Colby, exdirector de la CIA» (Grimaldos 2017).

La actividad de la red Gladio dejó un impresionante reguero de muerte desde julio de 1964, cuando se produce un intento de golpe de Estado del general Giovanni de Lorenzo,  con el visto bueno de los norteamericanos, contra la incorporación a la coalición de Gobierno del Partido Socialista Italiano. Cinco años después, en diciembre de 1969, se hace público en la prensa británica un «informe sobre la situación italiana», redactado por un agente del régimen de los coroneles griegos, que habla de una organización ligada a los servicios del coronel Papadopoulos, entonces jefe del Gobierno griego y agente de la CIA. El documento relaciona a los servicios de la dictadura griega con elementos de la extrema derecha y militares italianos, que tienen planeado realizar atentados en Italia para desestabilizar al Gobierno. Cinco días más tarde explota una bomba en el Banco de Agricultura de piazza Fontana, en Milán, que causa 17 muertos y 90 heridos. La policía detiene a un anarquista, Pinelli, al que se quiere responsabilizar del atentado. El detenido cae desde un piso de la comisaría durante el tercer día de los interrogatorios. Diez años más tarde son condenados por los hechos dos fascistas y un miembro de los servicios secretos italianos.

En diciembre de 1970 hay un intento de golpe de Estado, encabezado por Valerio Borghese, que se refugia en España tras el fracaso de su plan. Tres años después se descubre un nuevo proyecto fascista de golpe de Estado, y en mayo de 1974 explota una bomba en Brescia, durante una manifestación sindical, que causa ocho muertos y un centenar de heridos. Tres meses más tarde, el 4 de agosto, explota una bomba en el tren Italicus, que causa 12 muertos y 45 heridos. La estrategia de la tensión auspiciada por la CIA continúa y en agosto de 1980 explota una nueva bomba en la sala de espera de segunda clase de la estación ferroviaria de Bolonia, que provoca 85 muertos y centenares de heridos. En diciembre de 1984, otro artefacto, colocado en el tren 904 Nápoles-Milán, explota cuando el convoy atraviesa el túnel de los Apeninos y provoca dieciséis muertos y un centenar de heridos.

En una comisión creada en EEUU para conocer las actividades sucias de la CIA en el extranjero y, en particular, lo ocurrido en Italia tras 1972, el expresidente George Bush declaraba: «No se pueden excluir otros acontecimientos semejantes cuando eso fuese requerido por exigencias de la seguridad de Estados Unidos» (Grimaldos 1917).

En Grecia, las fuerzas de Gladio estuvieron involucradas en el golpe de Estado griego de 1967 que inició la Dictadura de los Coroneles. En Turquía, la Contraguerrilla (Counter Guerrilla), nombre de la rama turca de Gladio, se relacionó con la masacre de la plaza de Taksim, en 1977 en Estambul, y también con el golpe militar de 1980.

En España, miembros de la rama italiana de la operación Gladio participaron en los Sucesos de Montejurra durante la Transición. Igualmente, el Caso Scala (montaje policial-judicial contra las organizaciones anarquistas españolas) en enero de 1978, y bastantes de los atentados efectuados por los grupos ultraderechistas, fueron también apoyados u orquestados por esa red.

En este marco geo-político, la transición española no pudo ser sino un equilibrio entre fuerzas transformadoras internas y los poderes estratégicos extranjeros, cuya fuerza principal estaba en el gobierno de los EEUU. El complot de 1947 de los monárquicos, encabezados por Don Juan de Borbón, en favor de la restitución de la monarquía (véase Economía y política en la España franquista), fracasó sobre todo porque los norteamericanos no querían que la inestabilidad producida por la retirada de Franco pudiera ser aprovechada por los comunistas: El encargado de negocios de EEUU en Madrid, Paul Culbertson, afirmó que «son unos insensatos los monárquicos que se me acercan a pedirme que Norteamérica asfixie económicamente a España. Si eso ocurriera, caería Franco, pero la monarquía no recogería la herencia. Lo que tiene que hacer el Rey es ponerse de acuerdo con Franco» (Garcés, 2012).

Según el ex-director del SECED, Fernandez Monzón (citado por Grimaldos, 2017), los norteamericanos consideraban clave la estabilidad de Italia y también la de España, y el alineamiento de ambos países con EEUU, por dos motivos: la Guerra Fría y por estar el sur de Europa en la ruta entre EEUU y el Oriente Próximo. En relación a España, el general norteamericano Vernon Walters (citado por Garcés, 2012) comentaba: «Una España hostil, dueña del estrecho de Gibraltar, podía dificultar en gran manera la presencia de la VI Flota de Estados Unidos en el Mediterráneo y, por ende, el apoyo a Italia, Grecia, Turquía e Israel. Tanto si se quiere como si no, entonces al igual que hoy, la posición estratégica de España era crucial, más aún, indispensable para todo tipo de defensa de Europa y de Oriente Medio». El Estado Mayor norteamericano veía en la península Ibérica una región muy adecuada también para un masivo repliegue táctico de la OTAN y también una posible cabeza de puente desde donde iniciar un contraataque. Por todo ello, acabó convenciendo al gobierno americano de la necesidad de firmar los acuerdos bilaterales de cooperación con España, que permitiría la instalación de cuatro grandes bases militares en la Península (Torrejón, Rota, Morón y Zaragoza) y de otras instalaciones menores auxiliares.

Según Grimaldos, la CIA obtuvo en España una especialmente alta libertad de movimiento gracias a un punto de dichos acuerdos, en los que España debía «aceptar todo el personal estadounidense como miembro de la embajada». Según este autor, la transición española se comenzó a planificar en 1971, tras la visita del general Vernon Walters a España para entrevistarse con Franco, en representación del presidente Richard Nixon. Éste quería tener todo bien atado tras la previsible muerte del dictador, ya en edad avanzada, y un fiel subordinado de EEUU en su estrategia de Guerra fría (véase Economía y política en la España franquista). Walters, que poco después será nombrado director adjunto de la CIA, comunicó al entonces vicepresidente de Gobierno, Luis Carrero Blanco, la necesidad de tener todo previsto ante el eventual fallecimiento del Caudillo y la de coordinar la actuación de los servicios de información norteamericanos con los españoles (en especial el SECED, un servicio de información especial antisubversivo).

Rueda de Prensa de Nixon con Franco, en Octubre de 1970, con el general Walters y Kissinger en segundo plano tras el presidente.

Walters relata en su libro que Nixon y sus consejeros pensaban que elevar a la jefatura del Estado al príncipe Juan Carlos sería una solución ideal para una España post-franquista, pues ello permitiría una pacífica y ordenada transición. Esta misma apreciación era compartida por Franco, por lo que no hubo que hacer ningún esfuerzo para convencerle.

Este general Walters es el mismo que en 1960 es destinado a Roma como agregado militar de la embajada de Estados Unidos en Italia, donde toma parte activa, a través de la red Gladio, en la transferencia de fondos de la CIA a la Democracia Cristiana italiana, que pasa graves apuros electorales ante una izquierda en pleno auge. Participó también en la organización de varios golpes de estado apoyados por la CIA en Centroamérica, Brasil y el Chile de Allende, y entre 1972 y 1976, como director adjunto de la CIA.

Uno de los pocos fracasos geopolíticos de EEUU en Europa fue el de la Revolución de los Claveles en Portugal, del 25 de abril de 1974, que no pudo ser prevista ni impedida por los servicios secretos norteamericanos. El secretario de Estado Kissinger se mostró partidario de aplicar a los portugueses el castigo que sufría Chile desde medio año antes (Garcés, 2012), pero Willy Brandt se opuso opinando que Europa no toleraría la presencia de otro Pinochet, y ello iba en contra de la estrategia alemana de reunificación con la RDA.

Soldados y manifestantes celebran el éxito de la Revolución de los Claveles, que hizo caer la dictadura salazarista, una de las más longevas de Europa.

El gobierno de Alemania Federal ofreció a Kissinger métodos distintos para reintegrar a Portugal en la disciplina de la Coalición y evitar en España cualquier revolución con exceso de democracia: penetrar en los dos Estados ibéricos a través de políticos cooptados, financiarlos y darles apoyo político bajo cobertura de organizaciones centradas en la propia RFA –las internacionales Demócrata-Cristiana, Socialdemócrata y Liberal. La operación empezó con Mario Soares –exiliado en Francia, a quien se eligió para crear en Bonn un «Partido Socialista de Portugal» en 1973, y a retornar a su país en 1974 con el apoyo material de los Gobiernos interesados en destruir el proyecto nacional autónomo del Movimento das Forças Armadas» (Garcés, 2012).

Cuando Franco enfermó, en julio de 1974, el partido en el gobierno de la RFA financió urgentemente la convocatoria en Suresnes (Francia) de un cónclave de jóvenes escindidos dos años antes del tronco del PSOE. A los convocados a Suresnes se les dijo que eran huéspedes de un acto de solidaridad obrera internacional, y algunos incluso se lo creyeron. Según Garcés, los cooptados vivieron de gobiernos y entidades extranjeras –hasta que pudieron acceder años después a los Presupuestos públicos–, mientras rivalizaban en ofrecer a la Coalición bélica la mejor combinación de commitment y stability. Como ese apoyo mutuo se ha mantenido hasta el presente, en asuntos de trascendencia estratégica los equipos políticos de la UCD, el PSOE y el PP han tendido a satisfacer prioritariamente las exigencias de sus fuentes de sostenimiento más que las expectativas o compromisos con sus electores y afiliados.

En 1970, una encuesta de la Fundación FOESSA (citada por Garcés, 2012) ilustraba que el régimen preferido por los españoles para después de Franco era la república (49%), seguido del régimen franquista (30%) y de la monarquía (21%). Según Garcés, la estrategia común del gobierno de EEUU, Alemania, Francia, Inglaterra y la Comisión Europea fue conceder al sucesor de Franco la autonomía para democratizar la política interna de España, pero no su política exterior, que venía ya prefijada por estos poderes. “De este modo, el 15 de junio de 1977 se abrieron las urnas sin reconocer a los ciudadanos la libertad de elegir la forma de Estado y de gobierno.”

Los norteamericanos querían también que la Transición española se realizara sin la participación de ningún partido comunista, y que Carrillo fuera sustituido dentro del PCE por alguien del interior como Nicolás Sartorius o Ramón Tamames, a quien el propio Carrero Blanco calificó, con condescendencia pero a la vez insólita simpatía, como «marxista cañí».

Los planes elaborados fuera y dentro de España mientras Kissinger era secretario de Estado (con Nixon y los Republicanos) preveían que el PCE permaneciera ilegalizado hasta tanto que los grupos cooptados hubieran ocupado el espacio electoral de la izquierda. Llegado al poder el demócrata Carter, se invitó finalmente al PCE a que participara en las elecciones, pero siempre que acabara con su programa de “ruptura democrática”, de creación de un “gobierno provisional” y de realizar un referéndum sobre la forma de estado. Carrillo acabó aceptando esta propuesta.

Meses antes de la celebración del congreso de Suresnes —que se financió con fondos procedentes del Partido Socialdemócrata de Willy Brandt—, el comandante Miguel Paredes, del SECED, y el inspector Emi Mateos, destinado en la Jefatura Superior de Policía de Bilbao, ya habían empezado a trabajar en lo que llamaban Operación Primavera: una serie de contactos con algunos miembros del PSOE del interior, para ver cuáles eran sus planteamientos políticos (…) «En el SECED nos propusimos empezar a reunirnos con ellos —recuerda el entonces comandante Paredes— para ver hasta dónde llegaba su izquierdismo, su ímpetu revolucionario, su afán izquierdista… y tratar de acercarlos hacia posiciones más templadas, menos radicales, más en la línea de la moderación pragmática que les recomendaba Willy Brandt.»

Lo que se produce en Suresnes en 1974 es una refundación del partido creado por Pablo Iglesias, con el modelo portugués como telón de fondo. En el país vecino, no existía ni siquiera un partido socialista histórico y hubo que inventar uno. Su primer secretario general, Mário Soares, tenía contacto con la CIA desde los años sesenta. «Exiliado, en 1973 recibiría ayuda para fundar bajo el patrocinio del Gobierno de Bonn un “partido socialista portugués”», escribe Joan Garcés (2012).

«Derrocada la dictadura en 1974 por el Movimento das Forças Armadas (MFA), Soares regresaba a Portugal, donde pronto pediría y recibiría ayuda clandestina directa del Gobierno de Estados Unidos y sus aliados europeos (RFA, Reino Unido y Francia), e indirecta, a través de empresas y fundaciones alemanas y de otros países.» En paralelo, y durante gran parte de la transición, la democristiana Fundación Konrad Adenauer había financiado su ascendiente sobre los democristianos españoles; la liberal Fundación Neumann hizo lo propio sobre los liberales de dentro y fuera de UCD; y la socialdemócrata Friedrich Ebert sobre el equipo de González Márquez (Garcés 2012).

Recuerda Fernández Monzón (citado por Grimaldos, 2017): »A través del Ministerio de la Presidencia del Gobierno español, contactamos con Heinemann, ministro de la Presidencia de Alemania. Y él, a su vez, le transmitió a Willy Brandt, presidente de la Internacional Socialista, nuestro apoyo para que le diera la patente al sector renovado del PSOE. Esta operación salió perfecta”. Felipe Gonzalez estaba completamente de acuerdo en que había que conservar la monarquía en la Transición.

Felipe González con Willy Brandt en 1976

Los servicios de información apoyaron a los «hombres de dentro» del PSOE frente a los exiliados, más radicales. El SECED expidio en 1974 los pasaportes que permitieron a Felipe González y los suyos viajar a Francia, y escoltaron al emergente político sevillano hasta Suresnes, donde consiguió la secretaría general del partido. En ese congreso, el sector histórico encabezado por Rodolfo Llopis quedó fuera de juego.

Para convencer a las Cortes franquistas de que se hicieran el haraquiri resultó de gran ayuda el informe Jano, que confeccionó el SECED, y que daba detalles de la vida pública y privada de las 10.000 personas de la élite del poder español. Algunos detalles de este informe fueron mostrados a personas recalcitrantes como Girón, lo que ayudó a que él y muchos franquistas duros acabaran aceptando la Ley de la Reforma Política.

En 1978, los jefes cooptados ordenaron a sus parlamentarios votar la forma monárquica del Estado. Los hombres de Felipe González retiraron su apoyo al sistema republicano; era un significativo cambio, aparentemente enigmático, entre lo dicho y lo hecho en cuanto a la soberanía interior. En las elecciones parlamentarias de octubre de 1982, Felipe González repetiría la operación para alcanzar otro objetivo mayor, la entrega de la soberanía exterior al control de la Alianza Atlántica. En público se manifestaba partidario de retirar a España de la OTAN porque necesitaba los votos del electorado para llegar al poder, y este electorado era mayoritariamente contrario a la OTAN; pero una vez conseguida la mayoría absoluta en el Parlamento, en el siguiente Congreso de su Partido (1984) hizo borrar del Programa la oposición al ingreso de la OTAN, mientras se aplicaba pacientemente a cambiar la mente de una fracción de electores e invertir el signo de la mayoría –lo que no logró hasta 1986, momento en que convocó el referéndum sobre la OTAN. En una campaña de desinformación, coaccionó a los votantes con la especie de que si mantenían el hasta entonces mayoritario no a la OTAN ello significaría, ¡oh paradoja!, que decían sí a EEUU y no a “Europa”, y además dejarían a España sin gobierno, pues tanto el suyo como los demás partidos (responsables, es decir, cooptados) rechazaban gobernar fuera de la OTAN. González era mucho más sibilino que Suárez y, por tanto, más apropiado para una política dirigida de arriba-abajo, como las que facilitan la vida a las élites del poder y a los servicios secretos.

La Transición así controlada armonizó las dos vertientes de un proyecto político único. Por un lado, los sectores que apoyaron la dictadura del general Franco preservaban las estructuras socioeconómicas sobre la que se asentaba su hegemonía social interna. Por otro lado, los centros de decisión de la Coalición de la Guerra Fría reafirmaban su dominio sobre el territorio, economía y recursos españoles.

Esa transición controlada era necesaria para EEUU para no arriesgar el sistema de poder construido desde 1939. El riesgo, desde el punto de vista geo-estratégico americano, era que unos ciudadanos excesivamente movilizados (los llamados movimientos populares), asumieran el protagonismo del cambio y lo condujeran hacia horizontes distintos de los programados. Para evitar tal riesgo los planificadores previeron disponer de líderes de partidos financiados, comprometidos a conducir el cambio de régimen, a institucionalizarlo, sin devolver sus derechos nacionales y democráticos a unos ciudadanos deliberadamente mantenidos en un nivel bajo de movilización (Garcés, 2012).

El politólogo Samuel P. Huntington, uno de los que teorizaron sobre los modos de evitar que los excesos de democracia puedan llevar a los países a salirse de la órbita norteamericana

Como teorizaba el asesor del Pentágono y del Departamento de Estado Samuel P. Huntington: “la más importante distinción política entre los países no es la referente a su forma de gobierno, sino a su grado de gobierno», a su stability interna y a su commitment internacional detrás de EEUU”. Este asesor lo era también de la Comisión Trilateral, que fue descrita así por McBride, premio Nobel de la Paz y ex ministro de Asuntos Exteriores de Irlanda (citado por Garcés, 2012):

El Presidente de EEUU no es el amo, es el criado. A veces se piensa que el amo es el Pentágono. No, es el criado. Pero entonces, ¿quién es el amo? El amo es un consorcio de empresas transnacionales y de bancos. Primero tuvo éxito dirigiendo el mundo de manera informal, pero luego, curiosamente, ha creado una organización formal. David Rockefeller, a la sazón presidente del Chase Manhattan Bank y, como todos los Rockefeller, profundamente introducido en los negocios petrolíferos, fundó la Trilateral Commission en 1973. Se llama Trilateral porque corresponde a tres partes del mundo: Estados Unidos y Canadá en América del Norte, las naciones de Europa occidental y el Japón. Tiene oficinas (principales) en Nueva York, París y Tokio. Representa la mayor concentración de riqueza y de poder económico que se haya reunido jamás en la historia del mundo. Representa el sistema que más se aproxima hoy a un gobierno mundial.

En mayo de 1975, un mes después de la Revolución democrática en Portugal y medio año antes del fallecimiento de Franco, la Comisión Trilateral había celebrado una reunión en la que importantes miembros –entre ellos, Jimmy Carter, Brzezinski y el presidente de la Confederación de Sindicatos de la RFA–, concluyeron que un eventual acceso al gobierno de Francia e Italia, por vía electoral, de una coalición de izquierda que incluyera al Partido Comunista, vaciaría de sustancia a la Alianza Atlántica. Y tras considerar el informe presentado por Samuel Huntington concluyeron que tal riesgo debía contrarrestarse mediante una mayor integración de los Estados europeos dentro de la OTAN. Recogieron también una opinión atribuida a Willy Brandt, según la cual Europa occidental no tenía por delante más de veinte años de democracia, después tendría que optar entre «el Politburó o la Junta Militar». En otras palabras, repitieron la profecía maniquea y dicotómica que lanzó Donoso Cortés en España (Élites y luchas políticas en España hasta el golpe de Estado de 1936) y que utilizaban desde los años treinta los fascismos y regímenes anti-comunistas para autolegitimarse (Garcés, 2012).

Las conclusiones de la Comisión Trilateral de 1975 fueron aplicadas sobre España en cuanto el equipo de Carter asumió la Presidencia de EEUU (enero de 1977). Su enumeración,  sorprendentemente o quizás no tanto, recuerda a las políticas efectivamente seguidas en España desde la muerte de Franco hasta la actualidad:

a) descentralizar la administración pública; b) convertir a los Parlamentos en órganos más técnicos y menos políticos, reduciendo el peso de las ideologías revolucionarias sobre la sociedad; c) personalizar el poder para estimular la identificación de los ciudadanos y reducir sus exigencias de participación; d) hacer de los partidos órganos de gestión más que de discurso político; suprimir las leyes que prohíben su financiación por las grandes empresas, y sumar la financiación desde fondos públicos; e) disminuir la influencia de los periodistas en los medios de comunicación, normas administrativas deben proteger a la sociedad y a los gobiernos contra el excesivo poder de los mass-media; f) reducir los recursos financieros puestos a disposición de las Universidades, que generan excedente de licenciados; programar la reducción de las pretensiones profesionales de quienes reciben una educación superior; g) en las empresas, combatir la presión a favor de la autogestión o de la participación de los trabajadores en su dirección; en compensación, prestar más atención a las condiciones de organización del trabajo y dignificar el trabajo manual; h) no confiar al azar el funcionamiento democrático, sino constatar y coordinar las experiencias políticas en los países integrantes de la Comisión Trilateral, tal como se viene haciendo en el terreno militar y económico; i) establecer una especie de Pacto Atlántico en el terreno ideológico, que contenga la excesiva voluntad de cambio en los países con exceso de democracia y preste ayuda a los países con déficit democrático.

Algunos de los Miembros de la Comisión Trilateral. De izquierda a derecha, Pete Peterson, Paul Volker, David Rockefeller y Alan Greenspan

Como discute Noam Chomsky (1981), el informe de 1975 de la Trilateral ( The Crisis of Democracy ), redactado por  Michel Crozier, Samuel Huntington, and Joji Watanuki (Crozier et al. 1975), sostiene que lo que se necesita en las democracias industriales «es un mayor grado de moderación en la democracia» para superar el «exceso de democracia» de los años 60 y 70. «La operación efectiva de un sistema político democrático generalmente requiere cierta medida de apatía y falta de participación por parte de algunos individuos y grupos». Esta clase de recomendaciones habían sido presentadas por otros pensadores políticos de la misma escuela, como Ithiel Pool (entonces presidente del Departamento de Ciencias Políticas del MIT), quien explicó hace años que en Vietnam, el Congo y la República Dominicana, «el orden depende de algo que devuelva a los estratos recién movilizados a cierto grado de pasividad y derrotismo … Al menos temporalmente, el mantenimiento del orden requiere una reducción de las aspiraciones y niveles de actividad política recién adquiridos. ”

Como dice Chomsky (1981), la visión de la Trilateral sobre la «democracia» es una especie de sistema feudal dondel Rey y los Príncipes son ahora el gobierno, junto con los banqueros y tecnócratas de Wall Street, y los plebeyos son ahora los ciudadanos. Los plebeyos pueden hacer peticiones y la nobleza debe responder para mantener el orden. Sin embargo, debe haber un «equilibrio entre el poder y la libertad, la autoridad y la democracia, el gobierno y la sociedad». «Los cambios excesivos pueden producir demasiado gobierno o demasiado poca autoridad». En la década de 1960, Huntington sostiene, el equilibrio se movió demasiado en favor de la sociedad y en contra del gobierno. «La democracia tendrá una vida más larga si tiene una existencia más equilibrada», es decir, si los campesinos cesan su clamor. La participación real de la «sociedad» en el gobierno no se discute en ninguna parte del informe, como tampoco el posible control democrático de las instituciones económicas básicas, las cuales moldean la vida social mientras dominan también al estado, en virtud de su poder abrumador.

Esa mezcla de clasismo, autoritarismo y paternalismo, que desconfía de la capacidad de las masas para autogobernarse, es típica del conservadurismo político. Pero cuando estas masas sugieren utilizar los parlamentos para aprobar leyes que reformulen o amenacen los derechos de propiedad, los liberales se unen escandalizados a ellos en su lucha contra el «exceso de democracia» (véase García-Olivares, 2014), y no consideran ilegítimo recurrir al terrorismo de Estado, a la manipulación de la voluntad democrática popular o a la financiación de golpes de Estado, tal como ha denunciado Chomsky sistemáticamente. Por los mismos motivos, la participación de los trabajadores en la administración de las empresas, aunque esté muy lejos de una verdadera democracia industrial y de la autogestión en el sentido que defiende la izquierda libertaria, es considerada anatema por el informe de la Trilateral.

Otro peligro que ve el informe son los intelectuales demasiado idealistas (como podría ser el propio Chomsky), que deben ser diferenciados de los tecnócratas realistas orientados a la política pragmática (como el propio Huntington), que sí contribuyen al orden social. Si los periodistas o los intelectuales idealistas se exceden en sus ataques, el Estado debe regular el derecho de expresión ideológica, a través de los intelectuales tecnocráticos y orientados a las políticas, que fijarán estándares de responsabilidad periodística y determinarán qué tan bien se los respeta. Entre líneas puede leerse que este control de las ideas disidentes no será difícil, dado que la mayoría de los medios de comunicación son propiedad de los grandes capitalistas.

El informe subraya también que la educación superior debe estar relacionada «con objetivos económicos y políticos», y si se ofrece a las masas, «es necesario un programa para reducir las expectativas laborales de aquellos que reciben educación universitaria». No se puede permitir ningún desafío para las instituciones capitalistas , pero se deben tomar medidas para mejorar las condiciones de trabajo y la organización del trabajo para que los trabajadores no recurran a «tácticas de chantaje irresponsables».

Como resume Chomsky (1981), en general, las prerrogativas de la nobleza deben ser restauradas y los campesinos reducidos a la apatía que les conviene. Esta es la ideología del ala liberal de la élite gobernante de los estados capitalistas.

Volviendo a la Transición española, el entramado de partidos políticos cooptados actuó en España como órgano de conservación del statu quo socioeconómico, en esta línea promovida por la Trilateral de integración de la política de los Estados europeos en un Orden Mundial alineado con los intereses del gran capitalismo norteamericano. Son equipos políticos que reconocen no tanto la existencia de clases como la de individuos o sectores sociales cuyas contradicciones o antagonismos se cubre con referencias “modernizadoras”, tecnocráticas, que han adaptado la experiencia de la RFA que describía O. K. Flechtheim:

En los últimos años se anuncia una transformación interna de los partidos. Parecen evolucionar por momentos del tipo de agrupación democrática de afiliados, fuertemente impregnada de ideología, a aquel de una institución casi estatal, dirigida en gran medida jerárquicamente, que –en forma del todo análoga al Estado moderno en general– ostenta tanto los rasgos de una organización de prestación de servicios, que trata de satisfacer diversos deseos de los consumidores, como también los de una institución de dominación. Esta “objetivación” y “desideologización” de la política de los partidos, que muchos celebran, va hoy en día casualmente de la mano, en todos los partidos, con una renuncia progresiva a la realización de reformas estructurales profundas de la sociedad y la economía.

Según Garcés, en 1977 los equipos cooptados fueron legalizados como partidos políticos previa garantía de su oligarquización interna, para emplear los términos de Michels. De modo que “fueron marginadas las excepciones, quienes osaban pensar en forma autónoma, o quienes prestaban más atención a las expectativas de los adherentes al partido –o de los votantes–, que no a las instrucciones de la cúspide.”

El Estado dictatorial franquista disociaba el “Estado” (estructura de dominación) respecto de la “Nación” (conciencia de ciudadanos libres y soberanos). Después de 1975, la transición desde la dictadura a la democracia fue una “reforma del Estado” que, en la práctica, no se propuso “nacionalizar” el Estado y enraizarlo en la Nación mediante la devolución a los ciudadanos de su plena soberanía interior y de su soberanía exterior –liberándoles del intervencionismo que sostuvo a la dictadura. Porque el referente más cercano de esa nación democrática era la democracia republicana, y la fórmula elegida por las élites internacionales y españolas era la de una monarquía y unos partidos depurados de cualquier objetivo contrario a los intereses norteamericanos, de la Otan y de la Trilateral (Garcés 2012).

Según Garcés (2012, Epílogo), “Quienes mantuvieron a España bajo una dictadura fascista restablecieron en 1977 el sufragio universal bajo restricciones de una severidad sin paralelo en el resto de Europa: ser el único país que no ha exigido indemnización por los bombardeos de la aviación militar alemana e italiana a población civil desarmada en 1936-1939 (Guernica, Málaga, Barcelona, Valencia, Alicante, etc.), ni responsabilidades por el internamiento de españoles en campos de exterminio alemanes entre 1940 y 1945; ni por los delitos de lesa humanidad sobre aproximadamente 4.380.000 personas –equivalente al 17% del total de habitantes en la España de 1936– por el hecho de pertenecer al grupo nacional a destruir, en todo o en parte, por sus convicciones laicistas y republicano-representativas de gobierno. De ellas, decenas de miles fueron ejecutadas; entre 136.062 y 152.230 detenidas y “desaparecidas”; otras 3.400.000 privadas de libertad y/o sus bienes confiscados, según antecedentes que se conservan en el Archivo Histórico de Alcalá de Henares y en la investigación del Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de Madrid iniciada en 2008 –antes de que el Tribunal Supremo la prohibiera y expulsara al juez instructor. Alrededor de 500.000 españoles fueron desplazados al exilio; unos 30.000 niños fueron sustraídos a sus padres biológicos y entregados a otro grupo nacional”.

Por otra parte, la aplicación de los convenios jurídicos internacionales fue confiada a magistrados que en su día juraron lealtad al Dictador y a los Principios Fundamentales del Movimiento, preservando así la impunidad absoluta de los autores de actos de naturaleza genocida cometidos entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977. Al tiempo que los gobiernos sucesivos coinciden en denegar la desclasificación de documentos públicos de la dictadura, con el argumento de que su lectura contribuiría a generar “ruido mediáticoy afectaría a otros Estados” (los que, como el británico y el norteamericano, contribuyeron a mantener a los españoles bajo la dictadura entre 1936 y 1977).

Según Garcés, el liberalismo social que defendía Adam Smith no tenía nada que ver con lo que hoy denominamos neoliberalismo. Para Adam Smith, el orden de prioridad de los deberes del Estado debiera ser el siguiente: «1. proteger a la sociedad de la violencia e invasión de otras sociedades independientes; 2. proteger, tanto como sea posible, a cada miembro de la sociedad de la injusticia y la opresión de cualquier otro miembro; 3. establecer y mantener aquellas instituciones y trabajos públicos que, aunque puedan ser ventajosos en el mayor grado para una gran sociedad, son, sin embargo, de tal naturaleza que la ganancia nunca podrá pagar los gastos que efectúen individuos o pequeños grupos de individuos, y que por lo tanto no puede esperarse que éstos puedan establecerlos o mantenerlos».

Según Garcés, este paradigma es difícil de identificar con lo que en los últimos años se suele denominar “neoliberalismo”: restringir la prestación de servicios sociales básicos, concentrar la riqueza en el 1% de la población, subvertir o derrocar a los regímenes que discrepan de tal sistema y sostener en su lugar a dictaduras.

Según Garcés, la dinámica de la oligocratización interna que se produce dentro de los partidos políticos, sobre todo cuando éstos están financiados y protegidos externamente, lleva de forma natural a que los partidos populistas-pluralistas acaben fomentando programas corporativistas similares a los de los partidos fascistas. En 1928 G. Leibholz hallaba en la práctica de la “concertación social” el punto de convergencia entre ambos programas políticos, que negaban la dicotomía trabajo-capital y buscaban soluciones corporatistas de los conflictos sociales a través del Estado:

Este afán de un partido de identificarse con el todo […] no es algo peculiar del fascismo. Porque la intención hacia el partido popular es inmanente a todo partido. Lo característico del fascismo es solamente la realización de esta intención, la unificación efectiva y ahora también jurídicamente sancionada de Estado y partido.

Partidos populares-pluralistas como el Católico en Italia después de la primera guerra mundial, el Zentrum de la Alemania de Weimar, la CEDA en la España de la II República (1931-1936) (Élites y luchas políticas en España hasta el golpe de Estado de 1936) o, más recientemente, el Partido Demócrata Cristiano en Chile en 1964-1973, cuando no pudieron contener por sí mismos la democratización socializante no se limitaron a preparar el terreno a las “soluciones” de Mussolini, Hitler, Franco o Pinochet, sino que nutrieron con sus cuadros a los equipos de dirección de estas dictaduras, y a sus sucesores. En el caso de España, dicha transición fue en las dos direcciones: de democracia a dictadura, y de dictadura a democracia. En ambos casos equipos identificados con el sistema capitalista llevan a cabo la transición. Los equipos políticos de la reforma de 1977, como los de las Cortes corporatistas anteriores, tenían como función representar al Estado ante la sociedad más que la inversa (Garcés, 2012).

En paralelo con el aislamiento de la oposición “fundamental” al régimen franquista, la neutralización o destrucción de la dimensión de clase en los sindicatos fue buscada por la vía de su integración en pactos como el de la Moncloa –1977– o el Acuerdo Nacional sobre el empleo –1981. Con el apoyo de la Patronal y del Gobierno la instrumentación de los recién legalizados sindicatos perseguía arrinconar a los núcleos sindicales que con mayor conciencia sobrevivieron a la represión de la dictadura.

En 1977-1980 fue actualizado el proyecto de 1944-1945 de bipartidismo para España, revigorizándolo con las experiencias del onesto compromesso italiano y de la grosse coalition en la RFA de los años sesenta –ambas impulsadas desde EEUU por administraciones demócratas. Es decir, configurar un eje de centro-izquierda como interlocutor de otro de centro-derecha en el papel de oposición-alternativa consensuada o, en caso de necesidad, de “gran coalición”.

Como parte de ese programa de que los partidos se conviertan en intermediarios estatales “pastores” de las masas, se encuentran las listas cerradas y bloqueadas que el elector debe votar; se impidió a éstos elegir a la persona de su preferencia. Los nombres insertos en cada lista son escogidos por el jefe del partido. De este modo, ningún diputado específico tiene electores ante quienes responder del desempeño de su mandato. Su acceso al Parlamento es fruto de su cooptación por el jefe del partido, y de que éste le haya situado en el encabezamiento de la lista; a partir de ese momento su preocupación es contentar al jefe, pues de su buen querer depende ser incluido en la lista de candidatos en las siguientes elecciones.

Además, la legalización de la financiación de los partidos por parte de corporaciones y fundaciones privadas disuadía a la competencia política de competir, y si osaba hacerlo se la aplastaba con los ingentes recursos financieros de quienes tenían ocupado el mercado de los votos en régimen de oligopolio.

Otra medida técnica ha sido evitar el sistema de representación proporcional integral. Se favoreció la conformación de mayorías absolutas que redujeran el pluralismo en la dirección del Estado y disminuyeran la representación parlamentaria de las opciones electorales no cooptadas. Señalado este objetivo, la ley electoral fue diseñada a su medida: sistema de lista –cerrada y bloqueada; circunscripción provincial; proporcionalidad corregida; una sola vuelta; sobrerrepresentación de las provincias rurales menos pobladas en desmedro de las de mayor concentración industrial y urbana.

Ha sido propio de las combinaciones diplomático-económicas de EEUU, Francia, Reino Unido y RFA ambicionar disponer de los recursos del mercado y territorio ibéricos. Según Garcés (2012), mientras perdure la Coalición bélica entre estas Potencias, los sectores que dirigen el posalazarismo y el posfranquismo tenderán a seguir las directrices que aquéllas les marquen en la OTAN y la CEE. Si la Coalición fuera disuelta, la rivalidad de las Potencias en torno de España y Portugal se plantearía en otros términos.

Las concepciones estratégicas del orden capitalista liderado por EEUU eran resumidas así en 1997 por Brzezinski:

La geoestrategia euroasiática de los Estados Unidos debe incluir un control resuelto de los Estados dinámicos desde el punto de vista geoestratégico […]. Para usar una terminología propia de la era más brutal de los antiguos imperios, los tres grandes imperativos de la geoestrategia imperial son los de impedir confabulaciones entre los vasallos y mantener su dependencia en términos de seguridad, mantener a los tributarios obedientes y protegidos e impedir la unión de los bárbaros.

Esos denominados «bárbaros» incluye a Rusia, India y China, y la preservación de tales imperativos implica sacrificar los intereses y derechos de «vasallos» y «tributarios» (entre los que sitúan a los países iberoamericanos y a las instituciones democráticas que les son disfuncionales). Una gran parte de las limitaciones que ha heredado la democracia española no se entienden sin tener en cuenta este contexto geopolítico que marcó la Transición.

La alternativa al actual atlantismo de EEUU existe según Garcés (2012): La reunificación de Alemania encerraba en su lógica superar la OTAN tanto como el Pacto de Varsovia. Que la nación alemana integre un solo Estado en una Europa en paz requiere desmontar el andamiaje militar de ambos pactos. Lo que implica un presupuesto y lleva a muchas consecuencias. El presupuesto: declarar la paz en Europa, es decir, cerrar la guerra iniciada en 1945 en condiciones de seguridad para todos los Estados. Lo que supondría el acuerdo en torno a que Alemania dejara de ser trinchera fortificada y ariete contra otros Estados, desnuclearizada pero con medios de defensa que garanticen la paz. Serían enormes las consecuencias que de ello se seguirían: replantear Europa entera sobre bases de cooperación, democracia socioeconómica y política. La URSS reiteró en varias ocasiones su disposición a la disolución simultánea de la OTAN y del Pacto de Varsovia, y los intereses estratégicos de la Rusia actual siguen siendo similares a esa desnuclearización y desmilitarización, y a un aumento de importancia de la ONU en la resolución de conflictos.

Si Alemania, por un acto de soberanía o por acuerdo internacional, lograra la retirada del armamento atómico de su suelo, ello estimularía el entendimiento entre EEUU y Moscú. Si, por el contrario, EEUU y el Reino Unido continuaran imponiendo su hipoteca atómica, ello favorecería probablemente el sentimiento alemán hacia un rapprochement con Moscú. En las postrimerías del siglo XX, como en su comienzo, el entendimiento pacífico entre Bonn-Berlín y Moscú es la alternativa a los conceptos estratégicos tradicionales británico y norteamericano. La asociación económica y comercial de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sadáfrica) podría ser el germen de un nuevo poder económico y político que acabe convenciendo a Alemania y otros países europeos de la conveniencia de una geoestrategia para Europa alternativa a la impuesta por los EEUU. Dependerá bastante de cómo gestionen estos países las crisis ecológicas, energética y económica que se avecinan en las próximas décadas, y si ese modelo de gestión resulta más atractivo para el resto del mundo que el que propone Estados Unidos de América.

Cumbre de los BRICS en Sudáfrica en 2018.

Referencias

-Chomsky, Noam (1981). «The Carter Administration: Myth and Reality». Extraído de  Radical Priorities, 1981. https://chomsky.info/priorities01/

–Crozier, Michel; Huntington, Samuel; Watanuki, Joji (1975). The Crisis of Democracy. (TFR 8) Trilateral Commission. New York University Press. http://trilateral.org/file.showdirectory&list=Triangle-Papers . The Crisis of Democracy 

-Garcés, Joan E. (2012). Soberanos e intervenidos. Estrategias globales, americanos y españoles. Siglo XXI de España Editores S.A.. Edición de Kindle.

-García-Olivares, Antonio (2014). Liberalismo y herencia de la propiedad. La reproducción de la desigualdad y su solución democrática. Intersticios 8, pp. 19-26.

-Grimaldos, Alfredo (2017). La CIA en España: Espionaje, intrigas y política al servicio de Washington. Grupo Planeta. Edición de Kindle.